Para muchos, el 2010 realmente comenzó el 27 de febrero. Sin previo aviso, todos nos vimos envueltos en eventos que sin consultarnos cambiaron nuestras prioridades y objetivos.
En un marco de incertidumbre, la llegada de un nuevo gobierno apareció como una oportunidad que debía ser aprovechada, para el bien de la nueva coalición oficialista y el país. Para un mandatario proveniente del mundo de los negocios, la superación rápida de la emergencia era una forma de demostrar todas sus capacidades de gestión; en tanto que para el país existía la posibilidad de generar una nueva infraestructura pública y privada, que fuese un modelo para otras naciones en situaciones de catástrofe.
A casi un año del terremoto, queda claro que ni el país ni el gobierno han aprovechado estas oportunidades. A un gobierno que continuamente se ve entrampado por polémicas causadas por la particular personalidad de nuestro Presidente hay que sumarle el hecho de que no ha sabido lidiar con una institucionalidad que no esta pensada para situaciones como estas, y que claramente “no ha dado el ancho”. Desde el comienzo, a los gobiernos comunales se les responsabilizó de hacer catastros, entregar mediaguas, diseñar planes de reconstrucción, y por estos días, tramitar las obtenciones de los subsidios a través de las EGIS, para todo lo que claramente no cuentan con los recursos financieros ni el personal adecuado. El gobierno central, por otro lado, que si bien tiene los recursos, no conoce las realidades locales, y lo que es peor, no es capaz de traspasar facultades ni patrimonio ni personal a las municipalidades. El resultado esta a la vista: gobiernos comunales incapaces de hacer todo lo que debiesen hacer, y un gobierno central imposibilitado de hacer todo lo que puede hacer. ¿De que estamos hablando? De más de 124.000 subsidios asignados en el país a personas que desconocen completamente que efectivamente sus subsidios ya están asignados (si tiene alguna duda, revise la web del Ministerio de Vivienda, y vea si es alguno de lo 1.523 beneficiarios del subsidio de reconstrucción que hay en Santa Cruz), y de los escasos casos de subsidios efectivamente construidos (en lo personal, conozco sólo uno en toda la comuna)
No podemos culpar a nuestras autoridades comunales. Han hecho todo lo posible, y los errores cometidos en el proceso, varios y conocidos sin duda, han sido el costo de una batalla contra el tiempo sin las herramientas necesarias. Tampoco es completa responsabilidad de este gobierno. El centralismo en el país no es algo nuevo, es solo cosa de ver que todas nuestras figuras políticas nacionales viven en Santiago, tenemos a cargo de nuestros gobiernos regionales a personas que son representantes del Presidente de la Republica en la región (y no representantes de la región ante el Presidente), el subsidio que todos los chilenos le damos al TranSantiago, y protestas ciudadanas en Magallanes por la reducción de los beneficios que han recibido (y por el extremo costo de la vida en la región austral claramente se merecen) en las cuentas de gas.
Hemos perdido las oportunidades de entregarles a los gobiernos locales los recursos económicos y humanos que necesitan para hacerle frente a este terremoto. Lo que no hay que hacer, es acostumbrarse a ver sitios eriazos en el centro de la ciudad, a las casas destruidas en los sectores rurales, al nuevo millón de pobres más de chilenos hay en Chile, y a las desmedidas ganancias de unos pocos proveedores de materiales de construcción.
Artículo que salió publicado en El Cóndor, un miércoles de Febrero (el 9, creo)